Este proyecto de ley fue presentado por Daniel Noboa, Presidente de la República del Ecuador, el 15 de enero de 2024 con el objetivo de extinguir los beneficios económicos relacionados con la criminalidad para así promover la seguridad ciudadana y la transparencia de la contratación pública en el territorio nacional. A través de este proyecto se han reformado diversos cuerpos normativos que manifiestan aspectos importantes detallados a continuación:

Ley Orgánica de Extinción de Dominio  

  • Se considerará a la extinción de dominio como la declaración de titularidad a favor del Estado mediante sentencia de autoridad judicial siempre que no se justifique el origen lícito de los activos.   
  • Se considerará como actividad ilícita las acciones u omisiones involucradas en tema de delitos del COIP como concusión, cohecho, peculado, entre otros como parte de la delincuencia organizada.    
  • Los bienes de destino ilícitos serán aquellos cuyo goce provenga de la comisión de conductas ilícitas.   
  • El Procurador General del Estado deberá cumplir con los siguientes puntos en temas de defesa del interés público:   

 

Fase de investigación patrimonial: presentará la denuncia. 

Procedimiento de extinción de dominio: presentará acusación particular en término de 15 días desde la notificación de resolución.   

Etapa jurisdiccional: presentará acusación particular.  

 

  • Se incorporan nuevas causales para proceso de extensión de dominio. Entre estas se encuentran el incremento patrimonial injustificado; cuando los bienes provengan de una actividad ilícita; cuando los bienes sean lícitos, pero se usaron para ocultar bienes ilícitos.   
  • Se cambian plazos dentro del proceso de extinción de dominio:  

Notificación de la apertura de la investigación patrimonial en un plazo de 2 días (antes 10 días).   

La investigación patrimonial durará 3 meses (antes 12 meses) con prórroga de hasta 6 meses.   

Se pondrá en conocimiento de los sujetos procesales la resolución en 2 días desde su presentación (antes 5 días).  

Contestación: término de 15 días desde la notificación de la resolución y en el caso de acusación particular será desde la citación.   

Audiencia: plazo máximo de 5 días desde el vencimiento del plazo para la contestación.   

 

  • Se introducen dos medidas cautelares en este tipo de procesos: declaración de abandono de bienes muebles y secuestro.   
  • Medidas que se podrán revocar por decisión judicial mediante petición de los sujetos procesales.   
  • Se podrá solicitar a la jueza o juez la venta anticipada de bienes sujetos a medidas cautelares cuando corran riesgo de perecer o deteriorarse.   
  • La sentencia será ejecutoriada cuando se incurran en los siguientes casos:   

 

Han transcurrido los términos para interponer recursos y no se lo hizo.  

Se resolvieron los recursos interpuestos y no existen otros por presentar.  

 

  • Se dispone el termino de 3 (tres) días para poder presentar el recurso de apelación.   
  • Únicamente se podrá presentar recurso de casación:  

Dentro del término de 5 (cinco) días siguientes a la notificación con la sentencia escrita, conforme a las normas establecidas en el COIP.  

  • Las acciones que correspondan a la ejecución de la sentencia a favor del Estado sobre los bienes que se encuentren en territorio nacional e internacional, estarán a cargo del Procurador General del Estado, o su delegado.  
  • El juzgador de primera instancia será el encargado de la ejecución de la sentencia, una vez que esta haya adquirido el carácter de ejecutoriada.  
  • Una vez que la sentencia ha sido declarada ejecutoriada y la Procuraduría General del Estado presenta la solicitud de ejecución, el juzgador tendrá el termino de 5 (cinco) días para avocar conocimiento de la petición y emitir el mandamiento de la ejecución.   
  • Es importante destacar que la orden de transferencia de dominio puede aplicarse incluso a activos que estén sujetos a providencias preventivas, embargos u otros gravámenes ordenados en otro proceso por una autoridad competente. Además, se especifica que la parte ejecutada no tiene la posibilidad de oponerse al mandamiento de ejecución ni proponer fórmulas de acuerdo en este contexto.  
  • La falta de cooperación e inobservancia por parte de las entidades, organismos e instituciones públicas y privadas podrán acarrear responsabilidades civiles, penales o administrativas.  
  • Será competente la o el Procurador General del Estado o su delegado cuando se trate de tramitación y ejecución de la distribución o entrega de los bienes producto de la extinción de dominio recuperado en el extranjero.  
  • En el caso de administración, venta y monetización de los bienes que se encuentren en el exterior, le correspondería a la o el Procurador General del Estado actuar en representación del Estado.  
  • Se destinará el 90% de la monetización de los bienes constituidos como activos especiales a:  

 

Inversión en programas destinados al desarrollo integral infantil;  

Atender, mitigar y solventar los efectos de desastres y fenómenos naturales a nivel nacional;  

Elaboración y ejecución de proyectos que promuevan el desarrollo económico, social, deportivo o cultural; y,  

Aquellos proyectos que determine el Ministerio de Economía y Finanzas, y sean catalogados como necesidad.  

 

  • El 10% restante será destinado a la modernización y desarrollo tecnológico de la Fiscalía General del Estado en materia de extinción de dominio.  

 

Código Orgánico Integral Penal  

 

  • Se adoptará como orden especial la adopción de la extinción del dominio de los bienes de origen ilícito. 1 
  • La Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad Especializada de Extinción de Dominio, actuará como sujeto procesal en las diferentes fases del proceso. Además, será la encargada de realizar la investigación patrimonial sobre extinción de dominio de oficio, por cualquier medio por el que pueda conocer de la conducta ilícita que requiera abrir la investigación patrimonial. 2 

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  

 

  • Para evitar y erradicar cualquier conducta relacionada con el lavado de activos en la contratación pública, la Unidad de Análisis Financiero integrará evaluaciones de los contratistas del Estado en sus reportes. En caso de que se detecte alguna conducta ilícita, la Unidad de Análisis Financiero pondrá en conocimiento a la Fiscalía General del Estado. 3 
  • Se interpretará como trámite administrativo a la fase precontractual de los procesos de contratación pública. 4 
  • Se conformarán observatorios ciudadanos con el objetivo de elaborar diagnósticos, informes o reportes con independencia y criterios técnicos, para:   
  • Impulsar;  
  • Evaluar;   
  • Monitorear; y,  
  • Vigilar el cumplimiento de la normativa y los principios de la contratación pública. 5 
  • En caso de dudas por parte del contratante en la convalidación de errores, se aplicará el principio in dubio pro administrado. 6 
  • En el ámbito de obras, hasta que no se realice la recepción provisional de un contrato previamente adjudicado mediante un procedimiento de menor cuantía, el contratista no podrá obtener otro contrato mediante este procedimiento con la misma entidad contratante.    
  • Se enfatiza en que la fase precontractual de las contrataciones de menor cuantía debe ser ágil, transparente y fomentar la participación de proveedores, y el SERCOP adoptará un flujo de etapas que facilite este objetivo. 7 
  • Se podrá hacer contrataciones mediante la modalidad de ingeniería, procura y construcción por precio y plazo fijo, incluyendo equipamiento, sin ajustes de precios, contratos complementarios, diferencias de cantidades u órdenes de trabajo, salvo variaciones en el alcance definido por la entidad contratante, siempre y cuando no cambie el objeto del contrato. Esta modalidad se aplica a montos contractuales en procesos de cotización y licitación de obras. 8 
  • En el caso específico de obras de emergencia, se establece un plazo máximo de 210 días para la ejecución del proyecto, contados desde la suscripción del contrato. Sin embargo, este plazo puede extenderse a un máximo de 365 días si la emergencia afecta a sectores estratégicos o servicios públicos. 9 
  • Los contratos que se prevean dentro del Reglamento General de esta Ley serán protocolizados ante un Notario Público. 10 

 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 

  • La Contraloría General del Estado emitirá un informe de pertinencia, como requisito previo a la suscripción de los procesos de contratación pública, si este está bajo régimen especial. 11 

 

Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado 

 

  • La Procuraduría General del Estado en la defensa del interés público en casos de extinción de dominio.   
  • Se destacan dos fases claves en este proceso: la fase de investigación patrimonial y la fase judicial. 12 

 

Código Orgánico Administrativo 

 

  • En caso de que existan bienes que puedan ser sujetos a medidas y acciones para la extinción de dominio, estas medidas se ordenarán en el acto de iniciación. 13 
  • Se añade como medida cautelar administrativa de carácter preventivo al decomiso administrativo. Este decomiso administrativo especial no requerirá autorización de la autoridad judicial, sin embargo, requerirá la observación del debido control y cuidado del poder público. 14 

 

Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios 

  • Se añade una regulación estricta en torno a la importación, introducción y tenencia de armas y materiales relacionados, con medidas concretas para casos de incumplimiento.  15 

Las armas que fueran incautadas, confiscadas o decomisadas por la autoridad, serán destinadas a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas para la seguridad interna del país, posterior al trámite correspondiente. 

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