El Decreto Ejecutivo No. 515, que reforma el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (“LOSPEE”), desarrolla un nuevo escenario para la incorporación de generación, almacenamiento, autoabastecimiento e inversión privada en el sector eléctrico ecuatoriano.
La reforma reglamentaria se articula con las modificaciones incorporadas previamente a la LOSPEE, que no solo ampliaron los mecanismos de participación privada, sino que introdujeron una estructura de garantías de pago, mecanismos fiduciarios y derechos a favor de financistas y acreedores garantizados, orientada a facilitar el financiamiento y preservar la continuidad de los proyectos.
En este nuevo esquema, el fideicomiso adquiere particular relevancia como instrumento para la administración de flujos, respaldo de obligaciones contractuales y cobertura de riesgos, pudiendo formar parte de estructuras financieras diseñadas específicamente para proyectos eléctricos.
Entre los principales mecanismos jurídicos y fiduciarios previstos por el nuevo marco normativo se encuentran:
- Fideicomisos para asegurar el orden de prelación de pagos: La LOSPEE dispone que el cobro y pago de las obligaciones derivadas de las transacciones comerciales de la demanda regulada se realice conforme al orden de prelación que determine la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (“ARCONEL”).Para este efecto, las empresas distribuidoras podrán constituir fideicomisos alimentados con la recaudación de los usuarios finales por concepto del servicio público de energía eléctrica y alumbrado público general, destinados a asegurar el cumplimiento del orden de prelación establecido.
La recaudación fideicomitida excluye expresamente los valores cobrados por cuenta de terceros (como tasas de recolección de basura, aseo público u otros conceptos ajenos al servicio eléctrico), delimitando así los recursos susceptibles de ser incorporados a la estructura fiduciaria.
- El fideicomiso como garantía de obligaciones contractuales: La LOSPEE reconoce expresamente a los fideicomisos entre los mecanismos que pueden establecer la entidad concedente y/o las empresas distribuidoras para respaldar el pago de sus obligaciones en contratos de concesión y contratos regulados del sector eléctrico.La Ley adopta una concepción amplia del instrumento fiduciario, al permitir su utilización para la administración de recursos destinados al pago, administración de fondos o cobertura de riesgos de uno o varios proyectos.
Esto permite estructurar soluciones fiduciarias atendiendo a las características particulares de cada proyecto e, incluso, mecanismos que comprendan varios proyectos cuando los correspondientes análisis técnicos, legales y financieros justifiquen dicha estructura.
- Mecanismos fiduciarios para respaldar a financistas y acreedores: La LOSPEE reconoce al titular de un título habilitante un derecho real sobre la concesión, sus bienes y los recursos económicos derivados de esta y le permite utilizar los mecanismos admitidos por el ordenamiento jurídico para garantizar el pago a sus financistas o acreedores garantizados.La Ley reconoce expresamente, entre otros, los mecanismos fiduciarios, esquemas de garantía, pignoración de rentas y cesión de cuentas por cobrar, cuya regulación se desarrolla a nivel reglamentario. Todo mecanismo de garantía deberá estructurarse bajo un principio esencial: precautelar la continuidad del proyecto eléctrico.
Esta posibilidad permite que los flujos y determinados derechos económicos vinculados al proyecto puedan formar parte de una estructura de garantías diseñada para facilitar su financiamiento.
- Un sistema de garantías complementarias: Los fideicomisos no operan aisladamente. La LOSPEE contempla un sistema más amplio de respaldo de las obligaciones contractuales que incluye fondos contingentes; garantías de pago, crédito o liquidez; y otros instrumentos de pago destinados a cubrir riesgos.La selección de estos mecanismos debe atender a las características particulares del proyecto y observar la normativa en materia de planificación y finanzas públicas. Además, previo a su establecimiento, se requiere el pronunciamiento favorable del ente rector de las finanzas públicas en los casos previstos por la normativa.
- Activos del proyecto como garantía del financiamiento: Los titulares de títulos habilitantes pueden estructurar financiamientos para proyectos de generación, almacenamiento o transmisión en los que los bienes del proyecto sean entregados en garantía, previa notificación a la entidad concedente.La LOSPEE establece que únicamente los gravámenes debidamente notificados serán válidos y oponibles a terceros, incorporando así reglas destinadas a otorgar seguridad jurídica tanto al concesionario como a sus acreedores.
- Derechos de intervención de los acreedores garantizados: La normativa reconoce también derechos de intervención a favor de los acreedores garantizados debidamente notificados a la entidad concedente.Estos mecanismos resultan especialmente relevantes en estructuras de financiamiento de largo plazo, pues buscan permitir que determinadas contingencias del concesionario puedan ser atendidas sin que necesariamente se afecte la continuidad del proyecto eléctrico.
- Acuerdos Directos con los financistas: Como complemento de los mecanismos de garantía, la LOSPEE exige que los financistas o acreedores garantizados suscriban Acuerdos Directos con la entidad concedente respecto del contrato de concesión, con el objetivo de asegurar la continuidad del proyecto.El Decreto Ejecutivo No. 515 desarrolla esta figura reglamentaria, integrándola dentro de una estructura que permite establecer mecanismos de notificación, subsanación e intervención frente a incumplimientos del concesionario.
De esta manera, el esquema de financiamiento puede articular garantías sobre activos y flujos, estructuras fiduciarias y derechos contractuales de los acreedores, bajo el principio transversal de continuidad del servicio y del proyecto.
El fideicomiso como herramienta de estructuración de proyectos eléctricos
La combinación de la LOSPEE y su normativa reglamentaria permite que el fideicomiso desempeñe diferentes funciones según las características de cada operación: desde la administración de la recaudación y ejecución del orden de prelación de pagos, hasta la administración de fondos, cobertura de determinados riesgos y estructuración de mecanismos de respaldo para financistas.
Este marco adquiere especial importancia frente al impulso que el Decreto Ejecutivo No. 515 otorga a la incorporación de nueva generación privada, sistemas de almacenamiento, autoabastecimiento y Distritos Autónomos Energéticos, pues el desarrollo de nueva infraestructura requiere no solamente títulos habilitantes y reglas regulatorias claras, sino también estructuras capaces de canalizar y proteger los flujos asociados a inversiones de largo plazo.
Desde una perspectiva fiduciaria, la separación patrimonial propia de estas estructuras puede contribuir a individualizar y administrar los recursos afectados a una finalidad determinada, establecer reglas para su distribución y articularlos con las demás garantías del proyecto. Sin embargo, la constitución de un fideicomiso no supone por sí misma la existencia o suficiencia de recursos para el pago, por lo que su efectividad dependerá de los activos y flujos efectivamente aportados y de la estructura jurídica y financiera adoptada.
Una nueva arquitectura jurídica para el financiamiento energético
La reforma energética permite observar un cambio que trasciende la incorporación de nuevos proyectos de generación: el marco jurídico ecuatoriano empieza a estructurar conjuntamente concesión, financiamiento, garantías, flujos y continuidad del proyecto.
En este escenario, los mecanismos fiduciarios pueden funcionar como un punto de articulación entre los distintos participantes de un proyecto (concesionarios, entidades concedentes, distribuidoras, inversionistas y acreedores), complementándose con garantías sobre activos, cesiones de cuentas por cobrar, pignoración de rentas y Acuerdos Directos.
Por ello, la estructuración de nuevos proyectos eléctricos requerirá analizar de manera conjunta sus componentes regulatorios, contractuales, financieros y fiduciarios, determinando para cada proyecto qué activos y flujos pueden integrar la estructura, qué riesgos requieren cobertura y qué mecanismos ofrecen una adecuada protección a las partes sin comprometer la continuidad del servicio eléctrico.
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Elaborado por: Ab. Fabiana Rivadeneira

